Publicado el 17 de mayo de 2005
Segunda parte
Se nos acusa de manchar el buen nombre de los concejales del equipo de gobierno
con insidias y con insinuaciones más o menos interesadas. La verdad es que
todos sabemos que a los gobernantes les encanta la prensa siempre que no hablen
de nada de lo que a ellos les pueda implicar en casos de corrupción,
malversación, etc. Les encanta que hablemos de las muchas cosas intrascendentes
que hacen para la ciudad, en la que suelen gastarse mucho dinero, de lo que
desarrollan cada concejalía, etc. Eso creo que nosotros lo hacemos bien,
incluso si me apuran muy bien. Lo que sucede es que al cabo del año se van
sucediendo hechos que no tienen relación entre sí, o si, y que puestos en una
misma casa empiezan a tener sentido. Todo este relato viene al caso por los
muchos artículos que hemos recibimos en contra de nuestra forma en la que
narramos los hechos, en el número anterior, sobre los casos urbanísticos. Nos
acusan de no aportar ninguna prueba. Ellos tampoco de lo contrario. Pero a
diferencia del gobierno municipal tricantino nosotros contamos los hechos, ya
sucedidos, y son ellos los que se molestan por eso. Para que la opinión pública
se haga una idea mejor de las cosas los iremos enumerando uno a uno sabiendo
que seguramente nos dejaremos alguno en el tintero. Nunca voluntariamente sino
por espacio.
Cambio de gobierno Corre
el año 1999 el gobierno municipal lo forman PSOE (5 concejales), TCU (4), IU
(2). La alcaldía recae en el socialista Pedro Uruñuela. María de la Poza (TCU)
es concejala de urbanismo. Era la primera vez que Tres Cantos Unido no
ostentaba la alcaldía, esto según alguno de sus dirigentes «nos podía llevar a
desaparecer». En toda esta reflexión, como se puede observar, no hay ninguna
referencia a los vecinos sino a la supervivencia política. El PP, con nueve
concejales y en la oposición, comienza una lucha interna para el control del
partido. Por un lado los que querían darle la alcaldía a TCU para gobernar y
por el otro, Natalia Pérez (presidenta del partido), entre los que preferían
mantenerse en la oposición para terminar de una vez por todas con TCU, ya que
siempre mantuvo que si «los independientes no tiene la alcaldía desaparecerán».
Llegado a este punto seis concejales se revelan contra la dirección local del
PP, capitaneados por Juan Andrés Díaz Guerra. Previamente ha llegado a un
acuerdo con María de la Poza (TCU y actual alcaldesa) para que esta sea la
alcaldesa, a cambio ella debe pedir la cabeza de Natalia Pérez (PP). Díaz
Guerra presenta este acuerdo en Madrid y Romero de Tejada (secretario general
del PP de Madrid) da su visto bueno. Natalia Pérez es destituida y María de la
Poza se hace con la alcaldía. Juan Andrés Díaz Guerra (PP) se convierte en
concejal de urbanismo. Es junio del 2000.
Convenios urbanísticos
En su afán por encontrar financiación y así justificar este cambio de gobierno
se llegan a acuerdos urbanísticos con distintas personas y/o empresas de la
ciudad. Así se pone en marcha los convenios. La plaza de la Encina, al lado del
PTM (Edificio Singular), la torre de los laboratorios Normon en el polígono
industrial y un singular de ellas. Pero sin duda la más controvertida fue la de
la Charnela de la Avenida de Colmenar Viejo. Un suelo en medio del polígono
industrial recalificado para construir viviendas. El metro cuadrado pasó de
costar 240 euros (40.000 pesetas) el metro cuadrado a 1.200 euros (200.000 pesetas);
claramente un pelotazo.De todo esto para los ciudadanos de Tres Cantos solo han
quedado las viviendas para jóvenes y las viviendas del UA5 (la zona de los
bomberos). Hay que destacar que por esta zona solo se recaudó mil millones de
pesetas y lo pisos ahí vendidos (500) debían cumplir un requisito: contener el
precio. Se estipuló que debían costar entre 35 y 42 millones de pesetas. Así
que el volumen de negocio está alrededor de 105.500 euros (17.500 millones de
pesetas).
El campo de golf
Controvertido desde sus inicios. No está claro que aporte nada a la ciudad
excepto a los que jueguen. Porque ¿quién puede creerse que las personas que
vayan al campo de golf luego consuman en la ciudad? ¿Qué beneficios dejará a
los comerciantes de nuestra ciudad? Estas preguntas tienen difícil respuesta.
Alcobendas tiene dos campos de golf y no se ve a los golfistas comprando en las
tiendas de la ciudad ni tomándose nada, solamente lo hacen en el propio campo.
Por lo tanto es discutible el beneficio para la ciudad. Sin embargo, no es
discutible que fuera un beneficio de algunos. Esta afirmación habrá que
explicarla. Sale a concurso y se adjudica a la misma empresa que construyó el
de Majadahonda cuando Romero de Tejada era alcalde. Según nuestras fuentes,
evidentemente todas del PP, el trato era el siguiente: se acababa de producir
el pacto de gobierno municipal entre PP y TCU; Alcaldía quería fomentar las
relaciones con Génova (no la ciudad italiana sino la sede del PP de Madrid) y
vio su oportunidad en la adjudicación del campo de golf. No había nada mejor
que dárselo a la empresa a la que se lo había dado Romero de Tejada en
Majadahonda: Soto Once, SL. ¿Alguien puede tener alguna duda sobre esta
adjudicación? Parece una mera casualidad. ¿Creen entonces en las casualidades
políticas? Hablemos claro. ¿Qué hay detrás de cada Plan General o de cada
adjudicación? Si no es casualidad ¿habrá alguien que saque algún beneficio? y
si no es la ciudad ni los ciudadanos ¿quién será? Estas preguntas se contestan
solas. Siempre se benefician los que ostentan el poder. ¿Por qué sino se eligen
unas empresas en detrimentos de otras? El caso del campo de golf fue más
sangrante porque la empresa adjudicataria, Soto Once, SL., no fue la mejor
oferta pero se le dio la construcción del campo porque había colocado la
casa-bar del otro lado que las otras dos concursantes. ¿Cómo sabía esta empresa
que eso iba ser definitivo si otras ofertas económicas eran mejores? Alguien se
lo tuvo que decir. Entre otras cosas porque ese hecho fue determinante. Lo
mejor de todo esto es que luego vino la Comunidad de Madrid, gobernada por
entonces por Ruiz Gallardón, y echó para atrás esta construcción declarando
negativo el impacto medioambiental. Y nosotros nos preguntamos ¿Es qué nadie
sabía que hay que proteger el medioambiente? ¿O es que solo hay que protegerlo
si no nos va a dar dinero? Por otro lado, la Asociación de Vecinos que
interpuso un recurso contra ese concurso acaba de ganarlo. Es decir, un
tribunal ha declarado que la Alcaldesa María de la Poza ha cometido una
ilegalidad. Y no pasa nada.
A por la prensa local
En una vuelta más por evitar que los ciudadanos tricantoinos esten informados
de todo lo que pasa la alcaldesa María de la Poza trazó en febrero del 2005 una
estrategia para acabar con la prensa local. Esta consistía en dotar a la
revsita municipal de publicidad externa. Chantajeando así a los comerciantes y
empresarios de la ciudad obligándoles a poner publicidad en esa revista.
